Comisión de Transformación de Educación apunta a reforma integral para hacer más eficiente el gasto público

Ante un sistema educativo estancado, con bajo rendimiento académico, decenas de centros educativos con fallas o carencias en su infraestructura y escuelas convertidas en zonas de riesgo controladas por grupos criminales, la Comisión para la Transformación de la Secretaría de Educación se apresta a impulsar una serie de acciones para una reorganización integral que permita una educación de calidad para los niños y niñas de Honduras.

Dicha comisión surge a raíz de una iniciativa de diferentes organizaciones de sociedad civil acuerpadas en la plataforma Transformemos Honduras (TH), para la transformación del sistema educativo.

Esta tercera reforma al sector educación contempla la atención de áreas estratégicas tales como: estructuras organizativas, presupuesto, infraestructura y tecnología, entre otras, en un período de no menos de 48 meses.

La Comisión para la Transformación de la Secretaría de Educación tiene como función primordial dar acompañamiento al secretario de Educación para la ejecución del plan integral de la institución, de manera que ofrezca a los más de dos millones de niños y niñas inscritos en el sistema público una educación de calidad, mediante el uso eficiente y transparente de los recursos humanos, logísticos y financieros del Estado.

Un equipo de expertos trabaja Ad Honorem, con la participación de la Coordinación de la Mesa Redonda de Cooperantes en Educación (Merece) como observador y asesor técnico.

“Hace ya 10… 12 años, en Honduras, desde diferentes sectores venimos hablando de los grandes problemas que tiene el sistema educativo público y lamentablemente, tenemos que decirlo, se ha estado patinando, no se logra avanzar. Logramos un año mejorar algunos indicadores, pero el siguiente año retrocedemos y los informes que se presentaron sobre rendimiento educativo 2017 nos dicen que en algunos casos más bien hemos retrocedido, que nuestros estudiantes en Español y Matemáticas no logran ni 50%”, apunta Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y miembro de la Comisión.

“No dudamos que es una oportunidad no solo para participar pero para incidir en las políticas públicas que puedan conducir a contar con un sistema educativo más equitativo, con mayor cobertura y calidad, debidamente sustentado, aspiración por todos compartida”, expresa por su parte Jorge Galeano, director nacional de World Vision en Honduras, quien también forma parte de la Comisión.

Y es que de acuerdo al Informe Nacional de Desempeño Académico 2017, presentado por la Secretaría de Educación con apoyo técnico del Proyecto Mejorando el Impacto al Desempeño Estudiantil de Honduras (MIDEH), del total de estudiantes evaluados en los nueve grados de educación básica, y en los dos espacios curriculares, matemáticas y español, solamente un 40% alcanzan los niveles de desempeño deseados: “Satisfactorio” y “Avanzado”, mientras que el 60% restante se queda en los niveles “Debe Mejorar” e “Insatisfactorio”.

Los análisis de los resultados de la última década indican además que los niveles de aprendizaje se han estancado a partir del año 2014. A diferencia de lo ocurrido en el período 2007-2014, en el cual la tendencia fue ascendente; durante los años 2015, 2016 y 2017, no se encontró mejoría respecto a la proporción de estudiantes que alcanzan los niveles de desempeño “Satisfactorio” y “Avanzado” (41% para 2014, 40% para 2015, 41% para 2016 y 40% para 2017).

Los resultados del informe encendieron las alarmas y reafirmaron que la reforma al sistema educativo es urgente.

Prioridades para los próximos seis meses

A criterio de Hernández, la necesidad de reestructurar la Secretaría de Educación se fundamenta en garantizar que la institución responda a la realidad actual, que todo su personal tenga funciones definidas, compromisos y trabajos que permitan evitar situaciones ocurridas en el pasado y que “le han hecho mucho daño al sistema educativo”.

En ese sentido, la Comisión de Transformación ha planteado 10 líneas de acción prioritarias para los próximos seis meses:
1. Una significativa inversión en mejora de infraestructura de centros educativos.
2. Realizar un concurso docente basado en un marco legal que garantice la evaluación de méritos y la transparencia.
3. Establecer un mecanismo autónomo basado en un marco legal que garantice la evaluación de méritos y la transparencia.
4. Establecer un mecanismo autónomo y efectivo de recepción y seguimiento de denuncias.
5. Garantizar y transparentar el cumplimiento mínimo de 200 días de clase y el tiempo efectivo de las mismas.
6. Completar la transformación de las Escuelas Normales en centros de excelencia para la formación permanente de docentes.
7. Implementar recomendaciones de auditoría externa y mapas de riesgos de procesos de adquisiciones y contrataciones.
8. Aprobar e implementar lineamientos para el uso de la transferencia municipal para educación.
9. Diseño e implementación de planes de mejora de Institutos Técnicos Priorizados y de las Escuelas Técnicas Agrícolas.
10. Asignación presupuestaria para la implementación del Plan Estratégico del Sector Educación.

Para tal fin, la comisión ha solicitado la participación de maestros y dirigencia, familias, gobiernos locales, sector empresarial, academia, sociedad civil, medios de comunicación, pueblo hondureño en general y cooperación internacional, de manera que los cambios sean sostenibles en el tiempo.

“Estos cambios tomarán varios años, pero va a depender mucho de la voluntad política. La Comisión va a tomar decisiones y las va a hacer públicas, hay cosas que le competen al Congreso Nacional, cosas que le competen al (Poder) Ejecutivo, lo que sí está claro es que todo el grupo tenemos experiencia en el tema y ojalá se puedan hacer las reformas profundas”, manifiesta el también representante de Transparencia Internacional en Honduras.

Y añade que “parte del fracaso que ha habido es que la Comunidad Educativa, incluyendo padres de familia y docentes, no han estado presentes en las iniciativas de reformas, pese a que existe una Ley de Participación Ciudadana. Esto tiene que ser un consenso en el cual los maestros, los estudiantes, los padres, tienen que participar para poder impulsar esa reforma”.