El actual proceso de selección de los nuevos magistrados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ha dejado limitado la participación de la ciudadanía organizado para ejercer una efectiva auditoría social, dejando un sabor amargo y una enorme frustración.

Por tal motivo, organismos de la sociedad civil, iglesias, universidades y otros, exponen en el siguiente pronunciamiento todos los vacíos encontrados en este momento histórico que hoy marcará el rumbo del TSC, urante los próximos siete años.

Sin embargo, dejan en claro que no abandonarán la agenda de incidencia para depurar, reformar y fortalecer la principal entidad contralora del Estado.

Las suscritas organizaciones de sociedad civil, asociaciones empresariales, iglesias y representantes de universidades, ante la población hondureña, las autoridades políticas y la comunidad internacional, nos manifestamos en torno al proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en los siguientes términos:

1. MANDATO LEGISLATIVO. Reconocemos que es mandato constitucional de los Diputados del Congreso Nacional, elegir a los Magistrados del TSC y que el Estado de Honduras requiere fortalecer sus instituciones para garantizar que finalmente comience a combatirse la corrupción y la impunidad.
2. EL ESTADO Y LA CORRUCPIÓN. La corrupción ha estado presente en diferentes etapas de la historia de Honduras, sin que haya habido decisión y políticas públicas sostenidas orientadas a su combate. Los informes de Transparencia Internacional ubican a Honduras desde final del Siglo XX, en los tres primeros países con mayor corrupción en el continente americano; sin que a la fecha se hayan efectuado cambios en la conducción del Estado, independientemente del partido político que ostente el gobierno.
3. DEBILIDAD INSTITUCIONAL. La estructura estatal cuenta con instituciones para prevenir, investigar, judicializar y castigar la corrupción, pero resulta irrefutable que han sido inefectivas. El mejor ejemplo, es el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Esta débil institucionalidad, se ve reflejada en los nulos esfuerzos que han tenido los gobiernos de turno en poder ser elegibles a la asistencia de la Cuenta del Milenio; asimismo, puede ser un impedimento para acceder a los recursos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
4. EL TSC EL PRIMER ESLABÓN EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. Según su mandato constitucional, al TSC le corresponde el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, la determinación del enriquecimiento ilícito y el control del Patrimonio del Estado; es responsable de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción y coordina con dependencias gubernamentales y operadoras de justicia en el combate a la corrupción. Es la única institución del Estado que dentro de su mandato legal puede prevenir, detectar, investigar y sancionar actos corruptos, como institución de probidad, contralora y fiscalizadora; asimismo, incide en la penalización de la corrupción y la indemnización que el Estado debe cobrar por los daños y perjuicios causados.
5. RETROCESO EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN. En meses recientes, en respuesta al clamor de un pueblo indignado y a la incidencia de organizaciones de sociedad civil, ha habido asomos de voluntad política de las autoridades para combatir la corrupción. Desafortunadamente, el proceso actual de elección de los nuevos magistrados del TSC envía un mensaje opuesto a la voluntad política y repite una práctica desgastada, cuestionada y que los únicos resultados que ha dado son más corrupción e impunidad. El incumplimiento de los principios rectores del Reglamento para la Elección de la Nómina de Candidatos a Integrar el TSC, establecidos en el artículo 1; así como la falta de publicidad de las decisiones y actos de la Comisión Especial, resta confianza y debilita el proceso.
6. COMISIÓN MULTIPARTIDARIA NO PERMITIÓ VEEDURÍA CIUDADANA. La transparencia, más que un discurso, son acciones orientadas a asegurar el acceso a información que permita la participación ciudadana en la gestión de lo público y llevan a las autoridades a rendir cuentas de sus actos y decisiones. Contradiciendo el artículo 2 del Reglamento para la Elección, en lo referente a garantizar la transparencia del proceso y la participación ciudadana de manera que este fuera riguroso e incuestionable, la Comisión Multipartidaria aceleró la selección de candidatos, excluyendo a las Organizaciones de Sociedad Civil en la veeduría y negando información de los 102 candidatos que creyeron y participaron como aspirantes.
7. LAS CONSECUENCIAS DE UNA INADECUADA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL TSC. Para llevar a cabo un verdadero combate a la corrupción, el Estado no puede continuar gestionando sus instituciones contraloras de la misma forma. Mientras en Centroamérica avanza la lucha anticorrupción y se vislumbran importantes resultados como en el caso de Guatemala y El Salvador, en Honduras todavía no se percibe voluntad, decisión política y coherencia entre los diferentes poderes del Estado. Sectores nacionales y de la comunidad internacional que han apoyado por años al país sin ver frutos, definen a Honduras como un Estado “altamente corrupto” donde el Estado de Derecho es prácticamente inexistente, siendo uno de los indicadores, la corrupción de los funcionarios públicos y de autoridades electas.
8. SEGUIREMOS MONITOREANDO, EVALUANDO Y EXIGIENDO UN MEJOR TSC. Al margen de no tener espacio de participación ciudadana en el proceso de elección de los nuevos magistrados del TSC, como representantes de diferentes sectores de la sociedad civil hondureña ratificamos nuestro compromiso de monitorear, evaluar y denunciar irregularidades en el sistema contralor del Estado e incidir para que el TSC que cumpla de manera independiente con su mandato legal de ente fiscalizador y responda a las demandas de la población.

SOMOS CIUDADANOOS QUE TRABAJAMOS PARA TENER OTRO PAÍS Y PEDIMOS A LOS SEÑORES DIPUTADOS Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE SUMEN PARA CONSTRUIRLO

Tegucigalpa, MDC – 01 Noviembre de 2016

Alianza por la Paz y al Justicia (APJ) – Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) – Asociación Nacional de Industriales (ANDI) – Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) – Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) – Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) – Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) – Fundación Alfredo Landaverde – Grupo Sociedad Civil (GSC) – MoskitiaPawisaApiska (MOPAWI) – Pastoral Social Cáritas de Honduras – Predicar y Sanar (PREDISAN) – Proyecto Aldea Global – Transformemos Honduras (TH) – Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) – Visión Mundial Honduras (VMH).