Cada día 491 niños, niñas y jóvenes hondureños abandonan el sistema educativo

  • En 2021, 1,146,688 niños, niñas y jóvenes se encontraban fuera del sistema de educación prebásica, básica y media.
  • Solo tres de cada 10 estudiantes que entran a primer grado finalizan el bachillerato y solo dos llegan a la universidad.

Tegucigalpa, 21 de junio de 2022. Con la pandemia de COVID-19 aumentó la exclusión educativa, la calidad del aprendizaje disminuyó y se hizo evidente la falta de gobernabilidad a favor de la estabilidad del sector, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en el sexto foro de la serie “Estado de país: Honduras 2022”, en el cual abogó para que la problemática se sitúe en primer plano de la agenda social y del actual gobierno.

La ASJ expuso entre los principales desafíos del sistema educativo los altos niveles de exclusión. En 2021, 1,146,688 niños, niñas y jóvenes se encontraban fuera del sistema de educación prebásica, básica y media, y -con excepción de primero a sexto grado- en todos los niveles la cobertura es inferior a 50%, con: 25% en prebásica, 42% en educación básica, 28% en educación media y 17% en educación superior.

Se estima que apenas dos de cada 10 estudiantes matriculados contaban con conexión a Internet durante la pandemia de COVID-19; no obstante, el 30% de los centros educativos continúan cerrados, de acuerdo a información oficial.

Para 2019, el 52% de los menores de edad entre 6 y 17 años no estudiaban por falta de recursos económicos, mientras la población más rica tiene 64% más acceso a educación a nivel básica y media, en comparación con la población más pobre.

En Honduras, cada día 491 niños, niñas y jóvenes abandonan el sistema educativo; es decir que, en un año, se pierden 98,198 estudiantes, además de los que ya estaban excluidos.

El segundo gran desafío a nivel educativo es la baja calidad de los aprendizajes. En 2018, 70% de los estudiantes hondureños no lograba el estándar internacional mínimo en lectura y 85% no lo alcanzó en matemáticas.

Los estudiantes que asisten a escuelas públicas tienen 53 puntos menos en matemáticas que los estudiantes de escuelas privadas, lo que equivale a casi dos años de escolaridad y, en comparación con el promedio latinoamericano, los jóvenes hondureños muestran entre dos y tres años de atraso en lectura, matemáticas y ciencia.

En 2021, 71% de padres de familia reportaron que su hijo o hija había recibido menos de ocho horas de clase a la semana, aunque debieron recibir 25 horas.

El tercer desafío identificado por ASJ es una gestión institucional deficiente por falta de financiamiento, descentralización mal manejada y débil gobernanza.

En los últimos años se observa una tendencia decreciente del presupuesto asignado a Educación como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). En 2021, el 96% del presupuesto se invirtió en el pago de personal docente y administrativo, lo que restringe que el presupuesto pueda ser invertido en infraestructura y en programas para mejorar la calidad educativa.

Por otro lado, durante la pandemia de COVID-19 y hasta la fecha, no se ha continuado evaluando el desempeño docente. Esto, a pesar de que se había hecho de forma consistente desde 2013.

Mientras la selección de directores departamentales, municipales y distritales de Educación se ha llevado a cabo bajo sesgo político, pese a que se desarrollan bajo el formato de concursos de escasa credibilidad.

Para cada uno de los desafíos indicados, la ASJ presentó además una serie de recomendaciones. Esta y otra información sobre la situación del sector educativo se encuentra disponible en www.estadodepais.asjhonduras.com

Diagnóstico de la ASJ presenta resultados y recomendaciones al sistema de denuncias de la Secretaría de Educación

  • La mayor cantidad de denuncias son por abuso de autoridad, cobros ilegales, ausencia en el lugar de trabajo y
    desempeño profesional deficiente.
  •  El 63% de los docentes indicaron que, si interponen una denuncia, tienen desconfianza en la atención y su resultado.

Tegucigalpa, 01 de junio de 2022. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, presentó este miércoles un diagnóstico que revela deficiencias, mora y desinterés de las autoridades en las antiguas administraciones para resolver casos denunciados a través del sistema de denuncias de la Secretaría de Educación.

El Diagnóstico del Sistema de Denuncia de la Secretaría de Educación, realizado en el marco del proyecto SANCUS, con el financiamiento de la Unión Europea, expone carencias en los programas de formación en cuanto a inducción y actualización de la normativa vigente, manual de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; protocolos de atención de la denuncia, gestión de la convivencia para fomentar la cultura de paz y los derechos humanos entorno a los servicios educativos, en el nivel central, descentralizado y centro educativo.

En ese sentido, el informe revela que el 81% de los maestros, personal administrativo y escolares mencionaron desconocer los procedimientos para efectuar denuncias, al igual que la existencia de una normativa vigente sobre rendición de cuentas, convivencia estudiantil en pro de la paz y garantía de derechos humanos de alumnos, entre otros temas.

Durante la investigación se encontró que entre 2016 y 2019 ingresaron 6,635 denuncias al sistema, donde predominan los casos por abuso de autoridad, cobros ilegales, ausencia en el lugar de trabajo y desempeño profesional deficiente. Además, acoso sexual y actos de violencia entre niños; estos últimos tuvieron un alarmante incremento en los años antes mencionados.

Sin embargo, debido a la falta de interés de las autoridades competentes, los docentes, padres de familia y usuarios del sistema, en muchas ocasiones, interponen denuncias de manera informal a otras autoridades de confianza o entidades que consideren tienen mayor credibilidad, entre ellas: organizaciones de sociedad civil, alcaldías, iglesia y organismos cooperantes que están trabajando en la comunidad.

Por tanto, el diagnóstico muestra una disfuncionalidad por la normativa vigente en la Secretaría de Educación, con fraccionamiento de los procesos de denuncia, elevada desconfianza de la ciudadanía en su quehacer, evidente falta de capacidades en sus funcionarios, y un bajo nivel de eficiencia y eficacia en sus actividades.

Este análisis refleja que la sociedad civil ha tenido obstáculos para ser veedora de la rendición de cuentas y que el 63% de los docentes indican que, si interponen una denuncia, tienen desconfianza en la atención y su resultado.

Este diagnóstico, incluye además un apartado importante sobre los temas concernientes a riesgos sociales que afectan el desempeño escolar, al encontrar que los principales son: violencia entre alumnos (68%), robos (64%), casos de bullying o acoso escolar (61%), consumo de drogas (55%), migración de escolares (54%), falta de educación sexual (54%). Abuso físico y verbal de los profesores, les corresponde un 19% y 34% respectivamente.

Ante estos hallazgos, la ASJ recomienda crear un mecanismo alterno de resolución a nivel departamental para reducir mora en atención de denuncias, atenderlas de forma integral con lineamientos homologados para la recepción, investigación y resultados. Diseñar un modelo efectivo de la convivencia escolar que simplifique las normativas para disminuir los altos índices de riesgos sociales en los centros educativos.

Para esta investigación se tomó en cuenta actores pertenecientes a la sociedad civil, academia, autoridades educativas, estudiantes, docentes y organismos de cooperación internacional como la Unión Europea, en el marco de brindar acompañamiento mediante asistencia técnica a la Secretaría de Educación en el fortalecimiento de su sistema de denuncia.