Ante la falta de aplicación de la segunda dosis contra la         COVID-19 y la extensión por parte del Gobierno de hasta 90 días entre cada dosis, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó este jueves que es responsabilidad del Estado respetar la dignidad humana en el proceso de vacunación y garantizar la segunda dosis.

Durante el proceso de vacunación contra la COVID-19, el Estado debe asegurar que las decisiones relativas al desarrollo, utilización y distribución de las vacunas respeten los derechos humanos transversales respecto a la dignidad humana, transparencia, igualdad, no discriminación, rendición de cuentas y acceso a la información.

En este momento que Honduras solamente ha aplicado la primera dosis aproximadamente al 7% de la población elegible y solo el 1% con la segunda dosis, es importante que toda la información pertinente del proceso sea pública y que se garantice el consentimiento previo, libre e informado sobre la vacunación.

En el marco del Observatorio Social #VacunasParaTodos, el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, realizó un análisis de los entes referentes para la autorización del uso de las vacunas contra COVID-19, dudas más comunes sobre la aplicación de la segunda dosis y recomendaciones a la población.

El evento contó con la participación de Reyna Durón, Directora de Investigación de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec); Rutilia Calderón, especialista en Epidemiología y Francis Contreras, Comisionado Presidente en Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) quienes brindaron información sobre la protección de las vacunas en contra del virus, intervalo de tiempo o días recomendados entre primera y segunda dosis, eficacia por dosis y si es recomendable la mezcla de vacunas.

Por parte de la ASJ también participaron en el evento Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, Blanca Munguía, directora del Sector Social, Edgar Aguilar, especialista de ASJ y Jorge Coello, coordinador de Revistazo.

El director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández mencionó, “En ASJ estamos haciendo el esfuerzo de procurar ser objetivos en nuestros planteamientos, hacer uso de la investigación y también usar evidencia en un contexto complejo cómo en el que se vive en el país y que la población en general pueda tener información veraz, confiable, y verificada que le permita tomar sus propias decisiones en base a esta información”.

En la quinta entrega del Observatorio Social, también se planteó recomendaciones al Estado de Honduras para asegurar que toma en cuenta los criterios debidos para la aprobación de cambios respecto a la aplicación de vacunas y que garantice el acceso a la información sobre todo lo relacionado al desarrollo, aplicación y efectos de las vacunas, que toma de referencia los lineamientos de entes reguladores de otros países y desarrolle sus propias evaluaciones en base a principios científicos, técnicos y éticos.

“El cumplimiento de los tiempos para la aplicación de la vacuna es vital porque tenemos la aparición de variantes que son más agresivas y contagiosas. Es importante cumplir la vacunación de acuerdo a la evidencia científica y los estudios nos dicen que los periodos de tiempo son entre 21 a 28 días, es decir de 3 a 4 semanas según el tipo de vacuna”, expresó Reina Durón, Directora de Investigación de Unitec.

Es clave que la población contribuya a la lucha contra la COVID-19, vacunándose en el tiempo que le corresponda, informarse por vías confiables para luchar contra la desinformación, motivar a sus comunidades a vacunarse, seguir con las medidas de bioseguridad y exigir procesos justos, equitativos y transparentes.