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Urge diseño de estrategia para enfrentar injusticia y exclusión educativa

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En marzo, el Gobierno de Honduras declaró una emergencia sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19. A raíz del cierre de las escuelas, de acuerdo a nuestros estudios, casi ochocientos mil niñas, niños y jóvenes que ya estaban matriculados no pudieron continuar su educación desde sus hogares por falta de recursos económicos para costear una conexión a Internet, adquirir una computadora o un teléfono móvil, pese a las acciones para implementar programas a través de la televisión y la entrega de algunos materiales impresos para que las y los estudiantes pudieran desarrollar sus asignaturas adecuadamente.

Al cierre del año escolar, ochocientos mil más de niñas, niños y jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo público, ampliando la brecha de cobertura estatal, situación que se vio agudizada por los huracanes Iota y Eta que dañaron gran parte de la infraestructura productiva del país.

Ante el panorama, la Mesa Ciudadana por la Educación, conformada por 16 organizaciones y redes de sociedad civil, iglesias, exministros de Educación, expertos y ciudadanos, demandamos:

  1. Al Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, un compromiso real y efectivo para hacer de la educación un tema prioritario de Nación, junto a la economía y la
  2. A las autoridades educativas, concentrarse 100% en la atención de la crisis educativa, liderando acciones que permitan De igual manera, la ausencia de un experto en educación en el nuevo Consejo Consultivo creado para la reconstrucción nacional, solo confirma que desde el Gobierno la educación no es una prioridad nacional.
  3. La estructura, planificación e implementación de esfuerzos en pro de la educación solo podrán rendir frutos con la asignación presupuestaria adecuada y revirtiendo el déficit cada vez mayor para financiar la educación; reconociendo que la educación es pilar fundamental en el presente y futuro de la niñez y juventud y, por ende, para el desarrollo del país.
  4. La coordinación y comunicación por parte de las autoridades con sociedad civil, academia, gremios y sector privado, entre otros, para planificar e implementar juntos una ruta para garantizar el acceso a la educación para más de dos millones de niñas, niños y jóvenes en edad escolar.
  5. Finalmente, es indispensable promover la integración del tema educativo en las estrategias de respuesta al COVID 19 y ahora de reconstrucción después de los huracanes, para trazar los lineamientos para impulsar la educación junto a los temas preponderantes de país como sistema de protección integral de niñez, salud, empleo, infraestructura y economía.

 

Tegucigalpa, M.D.C.; 02 de diciembre de 2020

 

Transformemos Honduras Mesa Ciudadana de Educación

 

Pronunciamiento: Inaceptable 1.1 millón de niños fuera del sistema educativo

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Es INACEPTABLE que a la fecha 1.1 millón de niños y niñas, entre 3 y 17 años, no estén matriculados en la escuela, motivo por el cual el fortalecimiento de la educación pública es un asunto de interés nacional que debe ser considerado de prioridad en la agenda nacional.

En ese sentido, las organizaciones de sociedad civil y de desarrollo, academia, iglesias y sector privado, exigimos al Estado de Honduras una acción pronta, diferente, pertinente y efectiva para dar solución al problema de la exclusión escolar.

Ante esta problemática que excluye el derecho a la educación en Honduras, nos pronunciamos en los siguientes términos:

• La gratuidad de la educación declarada en el Artículo 7 de la Ley Fundamental de Educación como derecho humano se está violentando a los niños y niñas de Honduras. Un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) documenta que un padre de familia invierte cerca de L. 14,203 al año en la educación de solo uno de sus hijos, mientras que el salario mínimo ronda cerca de L. 8,910.00; por lo que es imperativo que en los centros educativos del país se detengan las medidas que implican exigencias económicas a los padres de familia y que el Estado atienda esos gastos que acaban perjudicando el acceso gratuito a la educación para los más vulnerables.

• Proponemos una serie de medidas de implementación inmediata que se resumen en:
1. Una segunda matrícula a finales del mes de marzo, precedida de un accionar de cada centro educativo y de sociedad civil, para asegurar que al menos 100 mil niños y niñas reingresan a los centros educativos a nivel nacional.

2. Eximir del uso del uniforme escolar para la educación básica durante el presente año, entretanto el Estado provee de uniforme a los niños y niñas que no lo tienen.

3. Limitar la exigencia de útiles escolares a un lápiz y un cuaderno; de tal manera que el Estado proporcione el paquete básico de útiles escolares en las escuelas públicas.

4. Prohibir la exigencia de tareas impresas y que impliquen la consulta individualizada en Internet.

5. La Secretaría de Educación debe hacer las previsiones de reubicación y contratación de docentes, a fin de que los centros educativos tengan cubierta su necesidad en las jornadas previstas.

Ante lo expuesto, instamos a las autoridades educativas a oficializar el llamado a una segunda matrícula y hacemos la exhortación para que, en un esfuerzo compartido, madres y padres de familia, docentes y sociedad en general sean vigilantes de este proceso que asegure que a ningún niño y niña le sea negado su derecho a matrícula por no tener uniforme o útiles escolares.

Dado en Tegucigalpa, M.D.C.; a los 11 días del mes de marzo de 2020.